Vivienda y mercado inmobiliario: las nuevas medidas de los partidos

Las propuestas sobre la mesa

El debate en torno al mercado de la vivienda ha ganado peso en la agenda económica y política. Las formaciones políticas han presentado distintas iniciativas para incidir sobre la oferta de inmuebles y los costes de acceso a la propiedad y al alquiler, un asunto que afecta directamente a los presupuestos de los hogares y a la evolución de los mercados residenciales.

Según los datos del Banco de España recogidos en la documentación disponible, el déficit residencial se incrementa en más de 100.000 unidades cada año. Las previsiones de esta misma institución señalan que este desfase entre la oferta y la demanda podría superar el millón de viviendas para el año 2028.

Para hacer frente a esta situación, se han planteado diversas actuaciones centradas en agilizar los trámites urbanísticos. Entre ellas destaca la intención de desbloquear la Ley del Suelo para facilitar la puesta a disposición de terrenos destinados a nuevas promociones durante los primeros cien días de un hipotético mandato, con el objetivo declarado de alcanzar un millón de viviendas construidas en la próxima legislatura.

Impacto fiscal y ayudas a la compra

El plano fiscal también concentra gran parte de las propuestas anunciadas. Se han diseñado esquemas de apoyo dirigidos específicamente a los compradores más jóvenes, con medidas que contemplan avales de hasta el 100% del valor del inmueble y reducciones del 60% en impuestos como el IVA y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para menores de 40 años.

A modo de ejemplo práctico recogido en las propuestas, un comprador menor de 40 años que adquiera una vivienda por valor de 250.000 euros tras cinco años de ahorro laboral podría experimentar un ahorro fiscal estimado en 25.000 euros, reduciendo además en 50.000 euros la cantidad necesaria para formalizar la primera hipoteca. En paralelo, se proyecta la creación de cuentas de ahorro específicas exentas de impuestos cuyos rendimientos se destinen exclusivamente a la adquisición de la primera residencia.

Seguridad jurídica y arrendamientos

Otro de los pilares fundamentales en las discusiones sobre el mercado inmobiliario es la seguridad jurídica en los contratos de arrendamiento. Las propuestas legislativas incluyen reformas orientadas a agilizar los procesos de desalojo en supuestos de ocupación no autorizada, fijando un plazo de 48 horas para actuar.

Desde el punto de vista del inversor particular con exposición al sector inmobiliario o fondos de vivienda, la seguridad jurídica y la agilidad en la resolución de conflictos entre propietarios e inquilinos son factores determinantes. La premisa que defienden los impulsores de estas medidas es que un marco que aporte mayor confianza al arrendador incrementará el parque de pisos destinados al alquiler y, por extensión, influirá en la moderación de los precios para los inquilinos.