OpenAI ante los tribunales: la demanda que puede cambiar el sector de la IA

La demanda de Columbia Británica

La provincia canadiense de Columbia Británica ha presentado una demanda ante un tribunal federal de San Francisco, en California, contra OpenAI y su consejero delegado, Sam Altman. El gobierno provincial acusa a la empresa de no haber alertado a las fuerzas de seguridad locales a pesar de que sus sistemas de control detectaron que la autora de un tiroteo escolar planificó la matanza utilizando el modelo de lenguaje ChatGPT.

El ataque ocurrió el pasado 10 de febrero en la localidad de Tumbler Ridge. La atacante, Jesse Van Rootselaar, de 18 años, mató a su madre y a su hermanastro en su domicilio, y posteriormente asesinó a un asistente educativo y a cinco estudiantes de entre 12 y 13 años en su antiguo colegio, antes de suicidarse.

El fallo en los sistemas de alerta

Las interacciones de la joven con ChatGPT fueron detectadas por primera vez por el equipo de seguridad de OpenAI en junio de 2025 debido a constantes referencias a la violencia con armas de fuego. Denunciantes internos de la propia compañía señalaron que los técnicos de seguridad recomendaron avisar a la policía, pero la dirección de la compañía, encabezada por Altman, descartó la medida. Aunque la cuenta original de la usuaria fue desactivada, esta pudo abrir un nuevo perfil para continuar con sus planes.

OpenAI sostiene que sus sistemas identificaron un uso indebido del modelo para actividades violentas, pero argumenta que las conversaciones no cumplían con sus criterios internos para reportar un riesgo inminente a las autoridades. Tras la publicación de los hechos, Altman pidió disculpas públicamente por no haber alertado a la policía, pero la fiscal general de Columbia Británica, Niki Sharma, asegura que la compañía no ha tomado medidas significativas para corregir sus protocolos.

El impacto para el sector y la inversión

Para un inversor particular con exposición al sector tecnológico o a fondos indexados que replican el comportamiento de las grandes cotizadas de inteligencia artificial, este caso representa un cambio fundamental en el análisis de riesgos.

Hasta ahora, el sector tecnológico se ha beneficiado de un marco legal muy laxo respecto al uso que los clientes hacen de sus herramientas. Sin embargo, la inteligencia artificial generativa —aquella capaz de crear contenidos nuevos, como textos o imágenes, a partir de los datos con los que ha sido entrenada— plantea un escenario diferente. Las demandas acumuladas ya no cuestionan solo el contenido publicado, sino la responsabilidad civil —la obligación legal de reparar el daño causado a otros por negligencia— al no actuar ante una amenaza detectada de forma interna.

Si los tribunales estadounidenses determinan que los desarrolladores de inteligencia artificial tienen el deber legal de vigilar y denunciar de forma proactiva a sus usuarios, el modelo de negocio de estas empresas cambiará por completo. Esto implicaría un aumento drástico en los costes de cumplimiento normativo y de supervisión técnica, además de abrir la puerta a indemnizaciones multimillonarias que comprometerían la valoración de estas compañías. El caso de Columbia Británica no es aislado: más de 30 familiares de las víctimas ya han demandado a la empresa en California, y el estado de Florida interpuso otra demanda en junio acusando a OpenAI de ocultar los riesgos de seguridad de su plataforma.

Lo que está por ver

La evolución de este litigio determinará si las tecnológicas pierden su histórica inmunidad. El próximo paso relevante será la decisión del tribunal federal sobre la petición de Columbia Británica para obligar a OpenAI a entregar el historial completo de los chats de la atacante, un extremo que la compañía se ha negado a revelar hasta la fecha.