Google multada con 403 millones por la normativa de datos

Qué ha pasado

La Comisión de Protección de Datos de Irlanda, el organismo encargado de vigilar a las grandes tecnológicas en Europa, ha impuesto a Google una sanción económica de 403 millones de euros. La decisión llega tras una investigación que comenzó en 2020 a raíz de las denuncias presentadas por varias organizaciones europeas de consumidores.

El regulador determinó que la compañía infringió los requisitos del Reglamento General de Protección de Datos, conocido como RGPD, que regula cómo deben protegerse los datos personales en la Unión Europea. En concreto, la infracción se centra en la legalidad, la transparencia y la responsabilidad en el tratamiento de la información sobre la localización de los usuarios.

Además de la multa económica, el organismo ha ordenado a la empresa que adapte sus operaciones de tratamiento de datos a la normativa europea. Para ello, ha fijado un plazo máximo de seis meses.

Por qué ha pasado

La investigación analizó la actividad de Google durante el periodo comprendido entre mayo de 2018 y febrero de 2020. Los inspectores revisaron cómo la compañía recopilaba y gestionaba los datos relacionados con la geolocalización a través de sus aplicaciones y servicios web, incluyendo el historial de ubicaciones y la precisión de los datos.

La autoridad irlandesa concluyó que los sistemas utilizados en aquellos años no cumplían con las exigencias legales de transparencia hacia los usuarios. Por su parte, la compañía ha defendido que el expediente se refiere a prácticas de hace varios años. Según la empresa, desde 2019 se han introducido cambios en la gestión de estos datos para ofrecer un mayor control a los usuarios.

Qué significa para el inversor

Las grandes sanciones de los reguladores europeos forman parte del riesgo regulatorio al que se enfrentan las empresas tecnológicas que operan en el continente. La autoridad irlandesa acumula ya más de 4.000 millones de euros en multas impuestas desde la entrada en vigor de la normativa europea de protección de datos.

Para quien invierte en acciones o fondos con exposición al sector tecnológico, estas resoluciones suponen un coste recurrente que los gigantes del sector asumen dentro de su actividad ordinaria. Aunque la cifra de 403 millones es elevada en términos absolutos, el impacto en las cuentas globales de la matriz es limitado, pero afecta directamente a la seguridad jurídica y al cumplimiento normativo de su negocio en Europa.