Vivienda en España: el PNV decide el empate en la Diputación Permanente

El empate técnico en la Diputación Permanente

La actividad legislativa en España afronta una prueba de bloqueo institucional tras el adelanto electoral. Los dos reales decretos-ley de vivienda aprobados por el Gobierno se dirimen en la Diputación Permanente con las cortes ya disueltas, un escenario donde las matemáticas dibujan un empate exacto a 34 votos.

De un lado, el bloque favorable a convalidar los textos reformulados agrupa a PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu y Podemos con 34 escaños. Del otro, la oposición frontal la forman PP, Vox y Junts con idéntica cifra. El fiel de la balanza recae de forma exclusiva sobre el representante del PNV en el órgano.

La postura del PNV y los precedentes

El presidente del máximo órgano de dirección del PNV, Aitor Esteban, declaró tras conocerse el adelanto electoral que la formación no está para defender bloques, sino los intereses de Euskadi al margen de las disputas de Madrid. El partido ha criticado reiteradamente el uso de los decretos-ley para legislar por vulnerar las competencias autonómicas.

En la votación previa celebrada en el Pleno del Congreso, el grupo dio su apoyo al decreto de medidas generales bajo la fórmula de un sí crítico, marcado por lo que la portavoz parlamentaria Maribel Vaquero calificó de desastrosa redacción. Al mismo tiempo, dejó decaer el segundo texto por su rechazo a la prórroga automática de los alquileres, una medida que equipara a los fondos de inversión especializados en el sector inmobiliario con los pequeños propietarios.

El coste político y social

El partido vasco afronta un dilema entre su tradicional defensa de la seguridad jurídica y la coherencia de modificar su sentido de voto en plena precampaña electoral. La presión en Euskadi se eleva mientras colectivos ciudadanos se manifiestan contra el negocio de la vivienda y la Ertzaintza acordonaba edificios en el barrio bilbaíno de Atxuri para ejecutar desahucios.

En este último caso, el propietario del inmueble es el propio Gobierno vasco a través de la agencia pública de alquiler social Alokabide, debido a una gran acumulación de deuda de la inquilina durante nueve años. Esta situación otorga protagonismo a EH Bildu, fuerza que cuenta también con un voto en la Diputación Permanente, que apoya ambos decretos y que ha pasado de dos a seis escaños en una década frente al estancamiento del PNV en cinco.

Impacto para el inversor

Los inversores particulares con exposición al sector inmobiliario, fondos cotizados o compañías ligadas al ladrillo vigilan la estabilidad regulatoria del mercado del alquiler. La incertidumbre sobre la convalidación de las normas de intervención introduce volatilidad jurídica en los contratos de arrendamiento y en la rentabilidad previsible de los activos residenciales en el territorio nacional.