Pensiones en España: la AIReF proyecta una deuda del 123% del PIB en 2050

El examen de la AIReF y el horizonte de la deuda

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha publicado su evaluación sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones. El organismo calcula que el gasto neto se situará en el 13% del producto interior bruto (PIB) entre 2022 y 2050. Este dato se sitúa tres décimas por debajo del tope del 13,3% fijado en la regla de gasto —el límite normativo que obligaría a aplicar ajustes automáticos en ingresos o prestaciones si se supera—.

A pesar de ese cumplimiento técnico, la autoridad fiscal advierte de tensiones en las cuentas públicas. En un escenario con las políticas actuales y sin reformas adicionales, el envejecimiento de la población impulsará la deuda pública hasta el 123% del PIB en el año 2050. Para compensar la insuficiencia de los ingresos por cotizaciones frente a las obligaciones de pago, la AIReF estima que las transferencias del Estado a la Seguridad Social deberán crecer 2,3 puntos porcentuales, hasta situarse en el 3% del PIB.

Factores que explican el aumento del gasto

El coste total de las pensiones sumará 200.000 millones de euros proyectados para 2026, lo que supone la principal partida presupuestaria del país. En junio de 2018, la nómina mensual era de poco más de 9.000 millones de euros. En septiembre de 2026, ese desembolso alcanza cerca de 14.500 millones, lo que representa un crecimiento del 60%.

Este incremento descansa en tres elementos documentados por los registros oficiales:

1. Más beneficiarios en el sistema. La Seguridad Social abonaba 9,6 millones de pensiones contributivas en junio de 2018. En la actualidad supera los 10,5 millones, lo que supone casi un millón más de prestaciones y un incremento del 10%.

2. Revalorización ligada a los precios. Tras ejercicios sujetos a subidas del 0,25%, la ley vinculó la actualización de las pensiones al índice de precios de consumo (IPC). Desde 2022, las prestaciones contributivas han acumulado aumentos generales del 2,5%, el 8,5%, el 3,8%, el 2,8% y el 2,7%. La subida del 8,5% en 2023 consolidó una base de gasto más alta sobre la que se aplican los incrementos posteriores.

3. Efecto sustitución. Las nuevas altas corresponden a trabajadores con periodos de cotización más extensos y salarios más elevados que quienes causan baja. Como resultado, la pensión media de jubilación pasó de 1.084 euros mensuales en junio de 2018 a 1.576 euros en septiembre de 2026, un alza del 45%. Para una pensión reconocida en 2018 que solo haya recibido la actualización por IPC, la subida acumulada es del 26%: una prestación de 1.000 euros en 2018 se sitúa ahora en unos 1.260 euros.

Qué implica este escenario para un inversor

El análisis de la AIReF describe un marco de presión creciente sobre el crédito soberano. Cuando las proyecciones sitúan el pasivo público en el 123% del PIB a largo plazo, el margen fiscal del Estado se reduce. Históricamente, volúmenes de deuda elevados aumentan la sensibilidad de la prima de riesgo ante cambios en la política monetaria y restringen la capacidad de respuesta del Tesoro ante perturbaciones económicas.

Asimismo, elevar las transferencias estatales a la Seguridad Social en 2,3 puntos de PIB implica que una porción mayor de la recaudación tributaria general debe reservarse para pagar jubilaciones. Esto limita los recursos disponibles para otras partidas o incrementa la necesidad de emitir deuda en los mercados primarios de renta fija.

Lo que falta por saber

El dato final de inflación determinará la cuantía de la revalorización de las pensiones para 2027. La próxima legislatura deberá definir si el desfase financiero se cubre mediante mayores transferencias sostenidas con deuda o si se tramitan ajustes en los ingresos o en el gasto antes de que los límites del 13,3% del PIB se vean comprometidos.