Nuevo decreto de vivienda: plazos y medidas para el alquiler

Qué ha pasado

El Real Decreto-ley 29/2026 ha entrado en vigor este jueves tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. La normativa incluye alrededor de una veintena de medidas destinadas a redefinir el mercado del alquiler y la compra de vivienda en España.

Una de las decisiones más destacadas es la prohibición de compra para las entidades consideradas buitre, que no podrán adquirir inmuebles ni paquetes de hipotecas por debajo del 70% de su valor de tasación. Estas restricciones se extienden hasta el 31 de diciembre de 2030.

En paralelo, el texto establece la suspensión de desahucios para familias vulnerables hasta esa misma fecha, el 31 de diciembre de 2030. Asimismo, se introducen topes a las subidas de los alquileres hasta el 31 de diciembre de 2027, aplicables en todo el territorio nacional.

Por qué ocurre y qué implicaciones tiene

El Ejecutivo busca ampliar la oferta de vivienda asequible y proteger la función social de la vivienda mediante este nuevo marco regulatorio. Para ello, el paquete normativo se acompaña de una línea de financiación dotada con 10.000 millones de euros y gestionada por el ICO (Instituto de Crédito Oficial, el banco público del Estado) para la compra de la primera vivienda habitual sin límite de edad.

En el plano fiscal, el impacto estimado asciende a 2.000 millones de euros para reconfigurar la tributación del alquiler de larga estancia. Esto incluye novedades para pisos turísticos, definidos como aquellos amueblados y equipados para uso inmediato con una duración máxima de 31 días, constructoras de vivienda protegida y Socimis (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, empresas dedicadas al alquiler de inmuebles).

Los contratos firmados a partir del próximo 1 de diciembre de 2026 integrarán las modificaciones sobre plazos de preaviso, indemnizaciones y transparencia en portales inmobiliarios. Además, se crea la Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa con ventajas fiscales para invertir en empresas de la Comunidad Económica Europea, compatible con otra cuenta para canalizar la exención en el IRPF al vender viviendas a administraciones públicas.

Lo que falta por saber