Israel ante las urnas: reforma judicial y el coste fiscal de la guerra

Israel se enfrenta a unas elecciones generales marcadas por una profunda división en su política interna, donde el debate principal no gira en torno a las operaciones militares exteriores, sino al control del poder judicial y al coste fiscal del reclutamiento. El líder de la oposición, Gadi Eisenkot, se encuentra ante la encrucijada de tener que pactar con formaciones de representación árabe —una opción compleja para muchos electores— o buscar apoyos dentro de la alianza del actual primer ministro, Benjamin Netanyahu, si quiere formar una alternativa viable. Estos comicios se presentan como determinantes para definir el carácter de las instituciones y la sostenibilidad de las cuentas públicas.

Para comprender la situación actual, es preciso remontarse a finales de 2022, cuando el Ejecutivo de Netanyahu presentó un plan para limitar las competencias de los tribunales. Este proyecto provocó durante 2023 una oleada de protestas sociales multitudinarias que solo cesaron tras el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023. La posterior guerra en Gaza, que acumula una cifra superior a las 74.000 víctimas mortales según los datos de la campaña, ha postergado el debate constitucional pero no lo ha resuelto. Los principales candidatos coinciden en mantener las operaciones bélicas, pero discrepan en cómo debe estructurarse el Estado por dentro.

Uno de los puntos de mayor fricción es la exención de la conscripción para la comunidad ultraortodoxa, conocidos como jaredíes. El 25 de junio de 2024, el Tribunal Supremo dictaminó que la exención sistemática de este colectivo carecía de base legal y que debían ser llamados a filas. Esta decisión debilitó la cohesión de la coalición de Netanyahu, que depende directamente de dos formaciones ultraortodoxas: el partido Shas y Judaísmo Unido de la Torá (UTJ). Ambas agrupaciones exigen la aprobación de una ley que actúe como escudo legislativo frente a la decisión del Supremo y exima de nuevo a sus jóvenes del servicio militar.

Al mismo tiempo, la reforma de los tribunales ha seguido avanzando por la vía parlamentaria. En julio, el Parlamento aprobó una norma que despoja a la fiscal general del Estado, Gali Baharav-Miara, de una parte sustancial de sus atribuciones. A partir de la entrada en vigor de esta ley tras las elecciones, el Gobierno tiene la potestad de rechazar el asesoramiento legal de la fiscalía y nombrar libremente a sus propios representantes jurídicos ante los tribunales. Asimismo, el Ministerio de Justicia, dirigido por Yariv Levin, mantiene un boicot activo contra el presidente del Tribunal Supremo, Isaac Amit, a la espera de un resultado electoral favorable que les permita completar la reforma de los procesos de designación de magistrados.

A esta tensión se añade la asunción de responsabilidades por los fallos de seguridad de 2023. Aunque se han llevado a cabo investigaciones internas dentro de los cuerpos de defensa —que motivaron la dimisión del jefe del Estado Mayor, Herzi Halevi, anunciada en enero de 2025, y la renuncia del director del Shin Bet, Ronen Bar, en junio del año pasado—, no se ha constituido ninguna comisión estatal que evalúe la gestión directa del primer ministro, a pesar de las informaciones sobre los avisos previos que supuestamente recibió de países como Egipto y Emiratos Árabes Unidos.

Cómo funciona el engranaje institucional y su impacto económico

Para un inversor particular, el funcionamiento de estas dinámicas influye de forma directa en la valoración de los activos. La seguridad jurídica, entendida como la certidumbre de que el marco regulatorio se aplicará de manera imparcial y predecible, es un factor crítico para atraer inversión extranjera. Cuando un Ejecutivo asume competencias tradicionalmente reservadas a la justicia o limita el control de los tribunales, el país corre el riesgo de sufrir rebajas en su calificación crediticia —la valoración que otorgan las agencias internacionales a la capacidad de pago de un Estado—. Una menor nota crediticia implica un aumento de la prima de riesgo —el sobrecoste que exigen los inversores por adquirir deuda soberana de ese país en lugar de activos libres de riesgo—, lo que encarece la financiación del sector público y del privado.

A esto se suma la vertiente presupuestaria de la exención militar. El reclutamiento obligatorio de los jaredíes no es solo un dilema social, sino también de asignación de recursos en una economía de guerra. Mantener una estructura de defensa sobredimensionada en tiempos de conflicto sostenido requiere un elevado esfuerzo fiscal. Si una parte creciente de la demografía nacional queda exenta del servicio militar y, al mismo tiempo, recibe subsidios públicos para no integrarse de manera plena en el mercado laboral formal, la carga impositiva y la obligación de la defensa se concentran en una porción cada vez más reducida de la población activa, elevando el riesgo de desequilibrios fiscales.

Por otra parte, la solución clásica de los dos Estados contemplada en los Acuerdos de Oslo de la década de 1990 parece descartada por la mayoría de las fuerzas parlamentarias líderes. Proyectos como el plan de asentamientos E1 continúan su curso con apoyo ministerial explícito, lo que consolida la construcción en territorios ocupados. Para los mercados de capitales, la persistencia de este conflicto cronifica el perfil de riesgo geopolítico de los activos regionales.

Datos clave para el análisis

• 7 de octubre de 2023: Inicio del conflicto armado actual tras los ataques coordinados por Hamás.
• 25 de junio de 2024: Fallo del Tribunal Supremo que declara obligatoria la conscripción jaredí.
• Julio de 2024: Aprobación de la reforma que recorta las facultades de la fiscal general.
• Enero de 2025: Dimisión formal del jefe del Estado Mayor, Herzi Halevi.
• Junio de 2025: Salida del director del Shin Bet, Ronen Bar, tras meses de disputas con el Ejecutivo.
• Más de 74.000 fallecidos: Cifra de víctimas mortales registradas en Gaza que condiciona el entorno de seguridad regional.

Qué significa para un inversor

Cualquier persona con capital expuesto a valores del mercado israelí, especialmente en el sector tecnológico —que ha sido el motor habitual de su economía y es muy sensible a la movilidad de capitales—, debe vigilar la composición del futuro Parlamento. Una mayor concentración de poder en el bloque gubernamental que insista en la vía de la reforma judicial sin consenso podría acelerar la desinversión de fondos extranjeros, temerosos de una pérdida de garantías en los litigios mercantiles.

En cambio, una coalición de carácter más moderado podría estabilizar la percepción de riesgo institucional, aunque su fragilidad parlamentaria dificultaría la aprobación de reformas fiscales estructurales para contener el déficit acumulado.

Tres escenarios de futuro

El rumbo de la economía y la estabilidad de la deuda dependerán de los equilibrios parlamentarios tras el recuento:

• Escenario de continuidad y profundización: La alianza de Netanyahu consigue revalidar su mayoría parlamentaria gracias al apoyo de Shas y UTJ. El Gobierno completará la reforma de elección de magistrados y aprobará la exención de conscripción para los ultraortodoxos, lo que mantendrá la tensión con el poder judicial pero despejará las dudas inmediatas sobre la estabilidad de la coalición.
• Escenario de fragmentación opositora: El bloque opositor liderado por Gadi Eisenkot consigue formar un ejecutivo alternativo, bien mediante un pacto con fuerzas de representación árabe o atrayendo a miembros descontentos de la alianza del primer ministro. Este gobierno intentaría revertir las reformas judiciales previas, aunque su heterogeneidad interna podría generar parálisis en la gestión del día a día.
• Escenario de parálisis persistente: Ninguno de los bloques obtiene una mayoría clara, lo que forzaría la convocatoria de nuevas elecciones en el corto plazo. Este contexto de interinidad prolongaría la incertidumbre regulatoria y fiscal, deteriorando la confianza de las agencias de calificación soberana.

Lo que falta por saber

La aplicación de los cambios aprobados en julio sobre la fiscalía y los nuevos mecanismos para designar a los jueces de las cortes inferiores determinarán el grado de independencia judicial real. Además, la evolución de los costes de financiación en las próximas subastas de bonos del Tesoro indicará el nivel de confianza de los inversores institucionales ante las distintas opciones de coalición que surjan de las urnas.