ECONOMIA

Elecciones en Israel del 27 de octubre: el reto fiscal tras las urnas

El examen a cuatro años de mandato de Netanyahu coincide con la presión del empleo sobre las cuentas públicas

24 de octubre de 2026 6 min de lectura 2 fuentes #israel#elecciones#netanyahu#deuda publica

Foto: Oreniailam · CC BY-SA 4.0 · via Wikimedia Commons

Los votantes israelíes acuden a las urnas el 27 de octubre para evaluar cuatro años de gobierno de Benjamin Netanyahu. Aunque la economía crece por encima de la media de la OCDE, el bajo empleo en el colectivo ultraortodoxo plantea dudas sobre la sostenibilidad fiscal.

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Israel celebra elecciones generales el próximo 27 de octubre. La votación llega planteada como un balance directo sobre los últimos cuatro años de mandato del primer ministro, Benjamin Netanyahu, un periodo marcado de forma decisiva por la respuesta estatal a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. Sin embargo, más allá de la seguridad, el resultado electoral determinará la capacidad del país para sostener su modelo económico. El territorio llega a estos comicios con un crecimiento económico superior a la media de los países integrados en la OCDE —la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que agrupa a las economías más industrializadas del planeta—. Pese a esa cifra agregada, la estructura interna del mercado laboral arrastra un desequilibrio que amenaza directamente el futuro presupuestario del Estado: la reducida tasa de empleo dentro de la comunidad ultraortodoxa.

El punto de partida: cuatro años de gestión y tensión interna

El ciclo político que ahora se somete al veredicto de las urnas condensa cuatro años de tensiones institucionales y presupuestarias bajo el liderazgo de Netanyahu. La economía israelí ha operado tradicionalmente sobre una base dual. Por un lado, un sector tecnológico y exportador de alta productividad que genera la mayor parte de los ingresos fiscales del Estado. Por otro lado, sectores demográficos crecientes con una integración muy limitada en la economía formal de mercado.

Los acontecimientos desencadenados a partir del 7 de octubre de 2023 introdujeron una disrupción profunda en las cuentas públicas. La movilización masiva de reservistas, la evacuación de poblaciones fronterizas y el incremento inmediato del gasto militar exigieron reorientar partidas enteras del presupuesto estatal. Mantener un ritmo de actividad por encima del promedio de la OCDE en un contexto bélico refleja la resistencia del tejido productivo, pero oculta la acumulación de tensiones en la caja pública. La financiación del conflicto y la reconstrucción elevan las necesidades de endeudamiento soberano en un momento en que el pacto social y fiscal interno muestra signos evidentes de fatiga.

El mecanismo fiscal: cómo la demografía laboral condiciona la deuda soberana

Para entender por qué el empleo de un grupo específico preocupa a los analistas presupuestarios conviene desgranar cómo se financia un Estado moderno. Cuando un país emite deuda pública —es decir, vende bonos a inversores internacionales para conseguir dinero prestado—, los prestamistas exigen un tipo de interés que refleja la probabilidad real de recuperar su capital. La solvencia de un país no depende solo de lo que produce hoy, sino de la base tributaria que sostendrá los pagos dentro de diez, veinte o treinta años.

En Israel, la población ultraortodoxa registra una participación en el mercado de trabajo notablemente inferior a la del resto de la ciudadanía. En este colectivo, gran parte de los varones adultos dedica su tiempo al estudio religioso tradicional en lugar de incorporarse al trabajo remunerado. Este modelo se apoya en una red de subsidios públicos y exenciones. El problema puramente económico no radica en las creencias, sino en la aritmética presupuestaria.

Cuando un segmento poblacional con una tasa de natalidad elevada aporta poco a la recaudación de impuestos directos —como el impuesto sobre la renta o las cotizaciones a la seguridad social— pero absorbe transferencias públicas, el resto de la fuerza laboral debe soportar una carga impositiva creciente para mantener los servicios esenciales y la defensa. Si la población que no cotiza crece con rapidez, la relación entre trabajadores activos y receptores netos de gasto público se deteriora. El resultado inevitable es un déficit fiscal estructural: el Estado gasta de forma continuada más de lo que ingresa. Para cubrir ese hueco crónico, el Tesoro debe colocar más bonos en el mercado, lo que incrementa el pago de intereses anuales y resta fondos a la inversión productiva.

Los elementos clave de la encrucijada

El tablero económico que afronta la votación del 27 de octubre se resume en los siguientes puntos:

  • Fecha electoral: los ciudadanos eligen el parlamento el próximo 27 de octubre.
  • Periodo evaluado: cuatro años de gestión continuada de Benjamin Netanyahu al frente del ejecutivo.
  • Punto de inflexión: el impacto operativo, humano y financiero derivado de los ataques del 7 de octubre de 2023.
  • Crecimiento agregado: una expansión del producto interior bruto situada por encima del promedio registrado por los miembros de la OCDE.
  • Desequilibrio estructural: el bajo nivel de ocupación en la comunidad ultraortodoxa y su impacto negativo a medio plazo en el equilibrio de las cuentas públicas.

Qué lectura tiene para los inversores y las carteras internacionales

Para el inversor particular que mantiene exposición a renta variable internacional, deuda soberana o fondos cotizados con presencia en Oriente Medio, las elecciones de octubre introducen consideraciones técnicas sobre la prima de riesgo. La prima de riesgo mide el sobrecoste que exige el mercado para prestar dinero a un país en comparación con un emisor de referencia considerado seguro.

Si un gobierno resultante de los comicios decide blindar las exenciones laborales y educativas de ciertos sectores para garantizar apoyos parlamentarios, las agencias de calificación crediticia —las entidades privadas que evalúan la capacidad de pago de empresas y gobiernos— suelen interpretar esa decisión como un deterioro de la disciplina presupuestaria. Una rebaja en la calificación crediticia encarece la financiación externa tanto para el gobierno como para las grandes corporaciones locales que emiten bonos corporativos.

En el mercado de divisas, el valor del séquel frente al dólar y al euro suele reaccionar con rapidez a la incertidumbre sobre la estabilidad del gabinete. Una moneda sometida a vaivenes obliga al banco central a mantener los tipos de interés elevados para frenar salidas de capital y controlar los precios de las importaciones. Para las carteras con fondos indexados globales, el peso directo de Israel es reducido dentro de los índices generales de mercados desarrollados, pero las tensiones en su deuda pública sirven como termómetro de estabilidad en una región crítica para el transporte marítimo y los costes logísticos mundiales.

Escenarios tras el recuento electoral

El desenlace en las urnas abre vías distintas para la gestión presupuestaria:

El primer escenario pasa por la continuidad de la actual configuración política. En esta opción, el gobierno mantendría los compromisos de gasto con los partidos religiosos tradicionales a cambio de cohesión parlamentaria. Desde el punto de vista del presupuesto, este camino mantendría congeladas las reformas sobre el mercado laboral ultraortodoxo, trasladando la necesidad de ingresos hacia subidas impositivas sobre el sector privado productivo o hacia un mayor volumen de deuda soberana.

El segundo escenario contempla una coalición con una base secular más amplia. Esta fórmula facilitaría la introducción de incentivos laborales, la reducción gradual de subsidios no condicionados al empleo y la exigencia de formación técnica obligatoria. El efecto sobre la recaudación fiscal tardaría años en madurar, pero los mercados de deuda suelen premiar de inmediato cualquier plan creíble de consolidación de ingresos a largo plazo mediante una moderación de los tipos exigidos a los bonos estatales.

El tercer escenario es el de un bloqueo institucional prolongado. La fragmentación parlamentaria podría impedir la aprobación a tiempo de los presupuestos generales del Estado, forzando prórrogas técnicas de gasto. En un entorno donde las obligaciones militares exigen desembolsos extraordinarios, la falta de un presupuesto actualizado restringe la capacidad de maniobra del ministerio de finanzas y debilita la confianza de los grandes fondos institucionales.

Lo que falta por saber

La conformación definitiva de la mayoría parlamentaria posterior a la votación del 27 de octubre determinará qué grupo asume la cartera de finanzas y cómo se negociará el próximo presupuesto general. Los primeros datos sobre la negociación de pactos postelectorales revelarán si el futuro ejecutivo prioriza la estabilidad de la coalición mediante transferencias corrientes o si aborda las reformas de empleo que los organismos internacionales consideran indispensables para la solvencia del país.

De dónde sale esto

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