Crisis en Paraguay: dimite Santiago Peña tras el colapso de Ueno Bank

El colapso de Ueno Bank y la caída del presidente

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia el pasado jueves tras una grave crisis financiera y política que culminó con el colapso del sistema bancario del país sudamericano. Minutos después de anunciar su dimisión en un mensaje difundido en la red social X, la cámara baja del Congreso votó de forma unánime a favor de su destitución en un proceso de juicio político.

El detonante de esta situación fue la intervención de Ueno Bank ordenada por el banco central el pasado martes, motivada por un grave déficit de capital. Esta medida congeló los depósitos de tres millones de clientes, una cifra que representa aproximadamente al 60% de la población adulta de Paraguay. Cientos de miles de familias se vieron de repente sin acceso a dinero en efectivo para sufristar gastos tan básicos como la comida.

Durante las jornadas del martes y el miércoles, las sucursales de la entidad bancaria en Asunción registraron largas filas de ciudadanos que intentaban retirar sus fondos sin éxito. Las protestas se multiplicaron en las calles de la capital, donde manifestantes indignados se enfrentaron a la policía, que empleó cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a la multitud.

Antecedentes y origen del crecimiento de la entidad

Para entender cómo se ha llegado a este punto conviene mirar los antecedentes de Ueno Bank. La institución financiera tuvo sus orígenes en una empresa de financiación creada en la década de 1970. En 2021, fue adquirida por Grupo Vázquez, uno de los conglomerados industriales y comerciales más relevantes de Paraguay.

Ya bajo la administración de Santiago Peña, que asumió el poder en agosto de 2023 con un mandato previsto hasta 2028, la entidad recibió a finales de ese mismo año la autorización del banco central para operar como un banco digital. A partir de ese momento, el crecimiento fue notable. Ueno Bank pasó de ser una entidad digital poco conocida a convertirse en uno de los principales prestamistas del país mediante campañas agresivas que incluían ofertas de devolución de dinero en compras de supermercados y el patrocinio de la selección nacional de fútbol.

Las sospechas sobre posibles conflictos de interés no tardaron en aparecer. El banco llegó a gestionar entre 800 y 850 millones de dólares en depósitos procedentes de entidades estatales y fondos de pensiones. Varios sectores criticaron estas adjudicaciones debido a los vínculos anteriores de Peña como accionista de Ueno Holding hasta principios del año pasado. El exmandatario se defendió en todo momento alegando que su participación respondía únicamente a una inversión personal de carácter técnico y que ya se había deshecho de sus acciones, tachando las acusaciones de campaña mediática.

El mecanismo de la crisis y el impacto social

El funcionamiento de una crisis bancaria de esta magnitud responde a un mecanismo de pérdida de confianza y descalce de liquidez. Cuando una entidad financiera acumula un volumen masivo de depósitos públicos y privados —incluidos los fondos de jubilación— y su estructura de capital sufre un deterioro severo, el regulador monetario se ve obligado a intervenir para evitar un contagio sistémico a todo el sector.

En este caso, la resolución dictada por el banco central paralizó de forma inmediata la operativa de la entidad. Para un inversor particular o un ciudadano corriente, el mecanismo del corralito o congelación de fondos supone la imposibilidad material de disponer de su propio dinero. En un país donde la gran mayoría de la población adulta operaba con esta plataforma digital, la interrupción del servicio bloqueó de inmediato el comercio minorista y la subsistencia diaria de las familias.

Los parlamentarios de la oposición, así como miembros del gobernante Partido Colorado, señalaron que el uso de fondos estatales para apuntalar el crecimiento del banco constituyó una quiebra de la neutralidad institucional. La presión aumentó de forma definitiva cuando el expresidente Horacio Cartes, antiguo aliado político de Peña, retiró su respaldo y se sumó a la petición de juicio político para restaurar el orden institucional.

Datos clave del caso

• 3 millones: clientes afectados por el bloqueo de depósitos en Ueno Bank.
• 60%: porcentaje estimado de la población adulta de Paraguay que figuraba como cliente de la entidad.
• 800 a 850 millones de dólares: volumen de depósitos gestionados por el banco procedentes de entidades estatales y fondos de pensiones.
• 5 días hábiles: plazo máximo que el gobierno intentó fijar mediante una ley para devolver la mayor parte de los fondos a los ahorradores antes de que la situación se tornara insostenible.

Implicaciones para inversores y empresas

Para cualquier inversor particular que opere en los mercados financieros, episodios de esta naturaleza recuerdan la importancia del riesgo sistémico y regulatorio en economías emergentes o en entidades fuertemente vinculadas al sector público. Aunque el inversor opera habitualmente a través de instrumentos diversificados como fondos cotizados o acciones globales, la inestabilidad institucional en un socio comercial o un país relevante altera las condiciones de cooperación económica internacional.

Las empresas con exposición directa a la región o los inversores locales se enfrentan ahora a un escenario de parálisis temporal en la toma de decisiones económicas. La pérdida de confianza en los canales financieros del Estado exige una revisión de los criterios de contraparte y de la solidez de los balances en las entidades donde se deposita la liquidez corporativa.

Escenarios de futuro

El desenlace de esta crisis institucional en Paraguay depende de varios factores políticos y judiciales:

1. Aceptación de la dimisión y sucesión presidencial: Si el Congreso acepta formalmente la renuncia de Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Alliana debería asumir el cargo. Sin embargo, Alliana también arrastra sospechas de vinculación con el caso Ueno Bank que él mismo ha negado, lo que mantiene la incertidumbre sobre la estabilidad del nuevo ejecutivo.

2. Tramitación parlamentaria del juicio político: Aunque el presidente ya ha dimitido, el senado debe resolver el proceso. Una votación en contra en esta instancia privaría a Peña de su escaño en el senado y de su inmunidad parlamentaria, abriendo la puerta a posibles procedimientos judiciales ordinarios en los tribunales.

3. Garantía y restitución de los ahorros: La evolución social en las calles dependerá de la efectividad real de los mecanismos del banco central para desbloquear y devolver el dinero a los pensionistas y ahorradores afectados en los plazos prometidos.

Lo que falta por saber

La decisión formal del Senado sobre la aceptación definitiva de la dimisión y el trámite final del juicio político determinará la hoja de ruta institucional del país en los próximos días.