Congreso de EE. UU.: las elecciones legislativas cambian el control del gasto

El mapa político de los Estados Unidos ha sufrido una reorganización profunda tras las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre de 2026. El Partido Demócrata ha arrebatado el control de ambas cámaras del Congreso al Partido Republicano, un resultado que altera el equilibrio de poder en Washington y condicionará la política exterior de la administración de Donald Trump. En concreto, los demócratas han asegurado 54 escaños en el Senado de 100 asientos, frente a los 44 de los republicanos, quedando dos por declarar. En la Cámara de Representantes, la victoria demócrata es de 242 escaños, superando con holgura el umbral de 218 necesarios para el control, mientras que los republicanos han obtenido 151 escaños. A nivel estatal, los demócratas se han hecho con 28 gobernaciones frente a las 20 de los republicanos, con dos aún pendientes de asignación. Este vuelco electoral, considerado un referéndum sobre la gestión de Trump, se ha visto impulsado por el descontento ante la inflación y los costes de la guerra con Irán iniciada el 28 de febrero de 2026, un conflicto que ya ha costado a los contribuyentes estadounidenses unos 47.000 millones de dólares.

Contexto y antecedentes del vuelco legislativo En las elecciones presidenciales de 2024, el Partido Republicano recuperó la Casa Blanca y obtuvo la mayoría en ambas cámaras del Congreso. Esta concentración de poder facilitó la gobernabilidad inicial de la administración, permitiendo al presidente eludir la supervisión legislativa mediante decretos presidenciales —órdenes directas del ejecutivo que tienen fuerza de ley sin pasar por el Congreso—.

Sin embargo, el rumbo cambió el 28 de febrero de 2026, cuando Trump inició una intervención armada contra Irán de forma conjunta con Israel sin aprobación del Congreso. Aunque la Constitución de los Estados Unidos reserva la declaración de guerra al legislativo, las administraciones modernas recurren a lagunas legales para desplegar tropas unilateralmente. El conflicto resultó muy impopular debido a sus consecuencias económicas: la hostilidad provocó el cierre del estrecho de Ormuz —un paso marítimo clave para el transporte de crudo mundial—, lo que disparó el precio de los combustibles.

Paralelamente, la Casa Blanca enfrió su relación con Ucrania. Durante la visita del presidente ucraniano Volodímir Zelenski a la Casa Blanca en 2025, el recibimiento fue frío y Trump manifestó que se entendía mejor con Vladímir Putin. Posteriormente, la administración suspendió las sanciones al crudo ruso y redujo la ayuda militar a Ucrania. Además, recortó el presupuesto para combatir el ébola, el sida y el hambre, y decretó el cierre de la USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Este desgaste se reflejó en las encuestas previas: en la víspera electoral, la aprobación de Trump se situaba en el 32%, según un sondeo de Reuters/Ipsos.

La jornada dejó también hitos demográficos. Abdul El-Sayed se convirtió en Míchigan en el primer senador musulmán. Keisha Lance Bottoms fue elegida primera gobernadora negra de Georgia; Gina Hinojosa, primera gobernadora latina de Texas, y Deb Haaland, primera gobernadora nativa americana de Nuevo México.

El mecanismo de control: el presupuesto y el veto presidencial El sistema político estadounidense se rige por un principio de contrapesos. Con el control de ambas cámaras, los demócratas asumen el denominado 'poder del bolsillo' —la potestad exclusiva de redactar las leyes de gasto público y presupuestos del Estado—. Ningún fondo federal puede ser desembolsado sin la aprobación del Congreso, lo que otorga a la mayoría parlamentaria una potente herramienta de presión sobre el gasto del ejecutivo.

No obstante, el presidente conserva el derecho de veto, que le permite rechazar cualquier ley aprobada por el Congreso. Para anular un veto presidencial —el procedimiento por el cual el Congreso fuerza la aprobación de una ley rechazada por el presidente—, los legisladores necesitan una mayoría cualificada de dos tercios en ambas cámaras. Con 54 senadores y 242 representantes, los demócratas están lejos de esa proporción por sí solos. Cualquier iniciativa opositora requerirá el apoyo de congresistas republicanos para superar el veto de Trump, quien ya ha prometido utilizar este recurso contra las políticas de los demócratas.

Este equilibrio se aplica directamente a la gestión de la guerra. La Resolución de Poderes de Guerra de 1973, una norma federal, establece que el presidente puede enviar tropas al extranjero para repeler un ataque inminente, pero exige que las acciones militares cesen en 60 días a menos que el Congreso declare la guerra formalmente. Si el presidente veta una resolución del Congreso para detener las hostilidades, los legisladores necesitan la supermayoría de dos tercios para imponer su voluntad. Además, cortar la financiación militar presenta dificultades políticas: privar de fondos a un ejército desplegado suele interpretarse como poner en peligro la vida de los soldados sobre el terreno.

Por el contrario, el control demócrata activa de inmediato el poder de supervisión —la capacidad del legislativo de convocar a altos cargos para testificar públicamente— de las comisiones del Congreso. Este mecanismo permite citar a altos cargos gubernamentales para comparecer en audiencias públicas. Así, los demócratas podrán investigar formalmente el cierre de la USAID y exigir explicaciones a los funcionarios responsables.

Los datos clave del nuevo Congreso Para evaluar la magnitud del cambio legislativo, conviene repasar las cifras definitivas que definirán la actividad en Washington a partir de enero: * Senado: Mayoría demócrata con 54 asientos frente a 44 de los republicanos (2 por asignar de los 100). * Cámara de Representantes: Mayoría demócrata con 242 escaños (el umbral de control es 218) frente a 151 republicanos. * Gobernaciones: Los demócratas obtienen 28 estados frente a 20 de los republicanos (2 pendientes de asignación). * Gasto de la guerra de Irán: El coste militar acumulado estimado asciende a 47.000 millones de dólares desde el inicio del conflicto el 28 de febrero de 2026. * Aprobación presidencial: La aprobación de Trump se situaba en el 32% en la víspera de la votación.

Qué significa para la inversión y las empresas Para un inversor particular, la pérdida de la mayoría absoluta por parte del partido gobernante introduce un escenario clásico de bloqueo legislativo. Históricamente, los periodos de gobierno dividido —cuando la Casa Blanca y el Congreso pertenecen a partidos distintos— tienden a ser bien recibidos por los mercados de acciones. La incapacidad de aprobar leyes radicales sin consenso reduce la incertidumbre regulatoria y fiscal, haciendo improbables las subidas drásticas de impuestos corporativos o reformas comerciales extremas.

El impacto sectorial más directo se concentra en el mercado energético. La guerra en Oriente Próximo y la consecuente interrupción del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz han mantenido elevados los precios internacionales del crudo y los combustibles. Si el nuevo Congreso demócrata logra presionar para contener el gasto militar u obligar a buscar vías diplomáticas, la expectativa de una desescalada podría aliviar la prima de riesgo geopolítico sobre el petróleo, presionando sus precios a la baja. En sentido contrario, la postura demócrata más favorable a mantener la presión sobre Rusia podría traducirse en un intento de reimponer sanciones al crudo ruso, lo que mantendría ajustada la oferta global.

En el sector de la defensa, el cambio de mayorías legislativas puede alterar el flujo de contratos públicos. Los demócratas han criticado la falta de apoyo de la administración a Ucrania y pretenden reactivar el suministro de equipos militares y ayuda financiera a Kiev. Esto podría reactivar las carteras de pedidos de las corporaciones de defensa estadounidenses, muy dependientes de las asignaciones presupuestarias que autorizan las comisiones del Congreso.

Escenarios posibles y de qué dependen La convivencia entre una presidencia republicana y un legislativo demócrata abre tres escenarios principales para los próximos dos años:

El primer escenario es el del bloqueo total. En este caso, el presidente Trump utiliza sistemáticamente su derecho de veto para neutralizar cualquier iniciativa demócrata sobre Ucrania o la reapertura de la USAID, mientras que el Congreso bloquea de forma recurrente las partidas de gasto discrecional solicitadas por la Casa Blanca para financiar la guerra en Irán. El resultado es un estancamiento gubernamental que paraliza las decisiones estratégicas pero mantiene la tensión geopolítica elevada.

El segundo escenario contempla una desescalada forzada por el presupuesto. Ante la impopularidad de los costes del conflicto militar —reflejada en la derrota electoral en estados tradicionalmente conservadores—, algunos legisladores republicanos moderados deciden desmarcarse de la línea de la Casa Blanca. Si suficientes congresistas se alían con la oposición para condicionar la financiación militar, la administración se vería empujada a negociar con Irán un cese de las hostilidades.

El tercer escenario apunta a un intercambio de concesiones legislativas. Para lograr la ratificación de nombramientos clave de jueces o embajadores en el Senado, la Casa Blanca se ve obligada a ceder en política exterior, aceptando autorizar paquetes de ayuda militar a Ucrania a cambio de que los demócratas aprueben otras prioridades presupuestarias del ejecutivo.

Lo que falta por saber La actividad legislativa real comenzará en enero de 2027, cuando los nuevos miembros del Congreso tomen posesión de sus escaños. Las votaciones sobre el presupuesto de defensa en el primer trimestre de ese año revelarán la verdadera disposición de la mayoría demócrata para limitar el uso de fondos en el conflicto iraní. Asimismo, el inicio de las audiencias de control de la Cámara de Representantes determinará con qué agresividad fiscalizará la oposición las decisiones pasadas de la administración.