Canarias pide exigir 10 años de empadronamiento para comprar vivienda

Qué ha pasado

El Ejecutivo canario ha enviado al Gobierno de España una propuesta de real decreto ley para modificar las condiciones de acceso a la vivienda en el archipiélago. La medida principal exige un mínimo de diez años de empadronamiento ininterrumpido —o quince si este ha sido discontinuo— para que cualquier persona, sea de nacionalidad española o extranjera, pueda adquirir una casa en las islas. En caso de residencia discontinua, el plazo aumenta hasta los quince años. La norma también fija un límite máximo de dos viviendas por ciudadano, siempre que se sitúen en municipios diferentes.

Las cifras del sector inmobiliario muestran el trasfondo de esta tensión territorial. En Canarias, los ciudadanos extranjeros realizan el 27,4% de las compras de casas, según los datos del Colegio de Registradores. En el conjunto de España, estas transacciones representaron el 12,2% del total. La situación se agrava en provincias como Santa Cruz de Tenerife, donde dichas operaciones superan el 34% de todas las compraventas registradas.

Por qué se proponen estas restricciones

El Gobierno canario justifica la iniciativa en la condición de región ultraperiférica del archipiélago, amparándose en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La insularidad genera un territorio de reducida superficie y alta fragilidad ambiental que limita el espacio disponible. A esto se suma el fenómeno de la gentrificación, impulsado por la adquisición de inmuebles destinados a fines distintos de la residencia habitual, lo que encarece los precios y desplaza a la población local.

Para sortear los tratados comunitarios que prohíben discriminar por nacionalidad, el texto vincula la restricción a un criterio objetivo de residencia y empadronamiento. Además, el borrador contempla que las empresas y sociedades de inversión solo puedan comprar viviendas si su objeto social es venderlas o alquilarlas a particulares. Cualquier transacción que vulnere estas condiciones será nula de pleno derecho y no podrá inscribirse en el Registro de la Propiedad.

Herramientas para los ayuntamientos

La propuesta legislativa también incluye modificaciones en la Ley de Bases de Régimen Local para otorgar mayor margen de maniobra a los consistorios locales. Se plantea permitir que los ayuntamientos prohíban la compra o el alquiler de viviendas a ciudadanos de países ajenos a la Unión Europea que lleven menos de dos años domiciliados en su municipio. Asimismo, se contempla la creación de tasas turísticas para gravar pernoctaciones y estancias de no residentes, y la habilitación legal para prohibir el alquiler vacacional en áreas determinadas.