Aranceles a Canadá: empresas de EE. UU. llevan a Trump a los tribunales

Un importador estadounidense de alimentos ha presentado una demanda en el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, con sede en Nueva York, contra el presidente Donald Trump por la imposición de aranceles del 50 % a productos canadienses. La empresa Gellert Global Group, especializada en la importación de queso, señala que abonó más de 520.000 dólares en recargos aduaneros únicamente entre el 16 de septiembre y el 11 de octubre. La compañía sostiene que el Ejecutivo carece de la competencia legal para aplicar gravámenes masivos sin la aprobación expresa del Congreso.

El conflicto legal cuestiona el uso de la Sección 338 de la Ley Arancelaria Smoot-Hawley de 1930, una normativa promulgada durante la Gran Depresión que permite al presidente fijar tarifas de hasta el 50 % a países que discriminen a las empresas estadounidenses. El Gobierno justificó esta medida en verano alegando que Canadá aplica restricciones injustas a los automóviles, el alcohol y los productos lácteos procedentes de Estados Unidos. Sin embargo, la demanda subraya que las normas comerciales modernas exigen trámites y periodos de revisión que el Ejecutivo ha omitido por completo.

Antecedentes y escalada arancelaria

El origen directo de este litigio se remonta a los meses de verano, cuando la administración estadounidense fijó los primeros recargos del 50 % sobre las importaciones canadienses. La tensión aumentó en septiembre, cuando la Casa Blanca amplió la lista de artículos gravados para responder a los aranceles de retorsión impuestos por el Gobierno canadiense. En esa ampliación se incluyeron bienes heterogéneos como prendas de vestir, muebles, vino y productos lácteos como el queso.

Este movimiento legal no es un hecho aislado en el mandato de Trump. En febrero, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ya anuló la mayor parte de los aranceles impuestos por la administración durante el año 2025. Posteriormente, un tribunal especializado en comercio emitió un fallo contrario a un arancel global temporal del 10 % decretado por la Casa Blanca. Además, los tribunales mantienen pendiente de resolución otra impugnación referida a recargos comerciales vinculados a supuestos trabajos forzados en el comercio internacional.

Paralelamente a la vía judicial, el ámbito político muestra ya los primeros ajustes. La senadora republicana por Maine, Susan Collins, anunció recientemente que la Casa Blanca ha decidido eximir a determinados productos canadienses de estos gravámenes, en un contexto marcado por la presión inflacionista sobre la cesta de la compra y la proximidad de una cita electoral ajustada.

El mecanismo legal: la ley de 1930 frente al marco moderno

Para entender el fondo del litigio es necesario examinar cómo se articulan las competencias comerciales en Estados Unidos. La Constitución concede al Congreso la facultad originaria de regular el comercio exterior y fijar aranceles, que son impuestos indirectos que paga la empresa importadora al introducir mercancías en el país. A lo largo del siglo XX, las cámaras legislativas delegaron parte de estas atribuciones en el presidente a través de leyes específicas, fijando siempre límites y procedimientos.

La controversia actual se centra en el choque entre dos textos legales:

Por un lado, la administración ha desempolvado la Sección 338 de la Ley Smoot-Hawley de 1930, una herramienta diseñada hace casi un siglo que faculta al presidente a actuar de forma unilateral si detecta discriminación comercial. Por otro lado, la representación legal del importador sostiene que normas posteriores, como la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, sustituyen e invalidan el mecanismo de 1930. La legislación de 1974 obliga al Gobierno a abrir investigaciones previas, dar trámite de audiencia pública y otorgar plazos de alegación a los sectores afectados.

Incluso si el tribunal validase el uso de la ley de 1930, la demanda sostiene que el Ejecutivo ha incumplido sus propios requisitos formales. La norma exige guardar un plazo de 30 días antes de empezar a recaudar aranceles sobre nuevos productos añadidos a la lista. En la ampliación decretada en septiembre para el queso canadiense, la administración únicamente respetó un margen de 7 días antes de comenzar el cobro en las aduanas.

Datos clave del litigio comercial

• Gravamen aplicado: arancel del 50 % sobre una amplia variedad de productos procedentes de Canadá.
• Coste directo acreditado: más de 520.000 dólares pagados por un solo importador entre el 16 de septiembre y el 11 de octubre.
• Base legal del Ejecutivo: Sección 338 de la Ley Arancelaria Smoot-Hawley de 1930.
• Base legal de los demandantes: Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 y garantías del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA).
• Antecedente judicial: el Tribunal Supremo anuló en febrero la mayoría de los aranceles fijados en 2025, sumado al freno judicial a un arancel global del 10 %.

Impacto para inversores y cadenas de suministro

La reactivación repentina de aranceles del 50 % altera de forma inmediata la estructura de costes de los importadores y distribuidores. Un gravamen aduanero no lo paga el país exportador, sino la empresa receptora en el momento en que la mercancía cruza la frontera. Cuando los márgenes comerciales no permiten absorber un incremento del 50 %, el importe se traslada al consumidor final o fuerza la ruptura de los contratos con los proveedores habituales.

Desde el punto de vista del inversor que analiza empresas cotizadas en el sector de la alimentación, la distribución minorista o la industria manufacturera, la incertidumbre jurídica es el factor determinante. La aplicación imprevista de aranceles reduce la visibilidad de los flujos de caja y amenaza la rentabilidad de las compañías expuestas al comercio transfronterizo en Norteamérica. Además, las represalias comerciales cruzadas terminan afectando a sectores que no guardan relación directa con la disputa original, como ocurre con la inclusión del queso en un conflicto centrado en automóviles y alcohol.

Por otro lado, la existencia de exenciones discrecionales —como las anunciadas por la senadora Susan Collins— introduce una volatilidad adicional. Las empresas quedan pendientes de decisiones administrativas temporales para calcular la viabilidad de sus operaciones comerciales diarias.

Posibles escenarios del conflicto

El desarrollo de este proceso judicial abre tres escenarios principales para los intercambios comerciales entre Estados Unidos y Canadá:

En primer lugar, el Tribunal de Comercio Internacional podría estimar la demanda, declarar ilegales los recargos e imponer la devolución de los montos cobrados con intereses. Una resolución de este tipo sentaría un precedente inmediato para el resto de importadores afectados y obligaría al Ejecutivo a canalizar cualquier medida proteccionista a través de los trámites exigidos en la Ley de Comercio de 1974.

En segundo lugar, la justicia podría respaldar el amplio margen de discrecionalidad del presidente en materia de política exterior y seguridad comercial. Si la Sección 338 resulta validada, el Ejecutivo mantendría una vía rápida para fijar aranceles sin someterse al control ni a los plazos del Congreso, lo que prolongaría los recargos del 50 % de forma indefinida.

En tercer lugar, el conflicto podría reconducirse mediante la negociación política antes de que recaiga una sentencia definitiva. El uso de exenciones sectoriales y la presión de los consumidores ante el alza de precios podrían llevar al Gobierno a retirar los gravámenes o sustituirlos por cuotas negociadas en el marco del tratado comercial USMCA.

Lo que falta por saber

El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos debe decidir en las próximas semanas si dicta medidas cautelares para suspender la recaudación de los aranceles mientras examina el fondo del asunto. Paralelamente, queda por ver si otros grandes grupos de distribución se suman a la demanda colectiva para reclamar la devolución de los recargos abonados desde el verano y si la Casa Blanca amplía el catálogo de exenciones a nuevos productos agrícolas e industriales.